jueves, 28 de agosto de 2014

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM) junto con la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR)

Los vendedores y fabricantes consideran que existe un trato discriminatorio con
respecto al resto de vehículos
Más de 45.000 familias españolas y 230.000 europeos disfrutan de esta actividad en
nuestro país
Ganvam pide estacionar las
autocaravanas en la vía pública
La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM) junto con la Asociación Española de la
Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) han solicitado al Ministerio del Interior que permita estacionar las
autocaravanas en la vía pública, por considerar que son vehículos que deben estar sometidos a las mismas normas y
derechos que el resto de vehículos dentro del próximo Reglamento General de Circulación.
Con la llegada del verano, el sector retoma una petición histórica que viene realizando desde 2008, respaldando a las más de
45.000 familias españolas que tienen en el autocaravanismo un estilo de vida, al preferir la libertad de movimiento y el contacto
directo con la naturaleza que presta esta “casa sobre ruedas”, a las limitaciones de un viaje convencional.
Por esta razón, la patronal de vendedores considera injusto que el nuevo borrador del Reglamento pase por alto su condición
de vehículo y le otorgue un trato discriminatorio, dando por hecho que quienes estacionen su autocaravana van a acampar
directamente a sus anchas en la plaza de aparcamiento, desplegando en la vía pública toldos, sillas o mesas que desborden su
perímetro.
Ganvam considera que, mientras no se ocupe más espacio que el de la autocaravana cerrada ni se lleven a cabo conductas
incívicas como el vertido de aguas o ruidos molestos, no se puede privar a estos vehículos de aparcar en la calle, máxime si se
ejecuta en lugares autorizados, en los modos indicados y no constituye un peligro para la circulación.
Con este agravio comparativo, la Administración “tira piedras contra su propio tejado” al disuadir una actividad turística
alternativa muy arraigada en el viejo continente, que atrae a nuestro país a más de 230.000 europeos al año y que generan a la
economía española unos ingresos cercanos a los 200 millones de euros.

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